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Las suspensiones de empleo afectan ya a 1,5 millones millones de trabajadores

Las suspensiones de empleo afectan ya a 1,5 millones millones de trabajadores
La cifra de ERTE presentados en el Ministerio y las comunidades se acerca a los 200.000

El parón decretado por el estado de alarma ha supuesto un duro golpe al mercado laboral. La crisis sanitaria está provocando una avalancha de suspensiones de empleo (ERTE). Las empresas usan esta fórmula antes de empezar con los despidos. La cifra de afectados por ERTE asciende ya a más 1,5 millones de afectados, según los datos recopilados por EL PAÍS de 13 autonomías y del Ministerio de Trabajo. Este cálculo incluye estimaciones sobre Madrid —la comunidad más afectada por la pandemia—, Murcia y Baleares y Canarias, tres regiones que sufrirán bastante esta crisis por el peso del turismo en la economía.

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España se ha familiarizado en muy pocos días con el significado de la palabra ERTE, siglas de expediente de regulación temporal de empleo. Desde que se declaró el estado de alarma, las Administraciones han tramitado cerca de 200.000 expedientes. El número de afectados contados por EL PAÍS se acerca ya a los 1,25 millones y al añadirle las estimaciones de trabajadores de Madrid, Murcia, Canarias y Baleares la cifra sobrepasa los 1,5 millones de empleados afectados por ERTE. Es decir, entre el 12% y el 15% de los asalariados dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social en febrero se habrían visto incluidos en un expediente de suspensión laboral.

Casi la mitad de los ERTE confirmados oficialmente proceden de dos comunidades: en Cataluña hay 342.000 trabajadores con el empleo suspendido, y en Andalucía, la Junta proyecta que hay unos 280.000, partiendo de que tiene 37.363 expedientes presentados con una media de 7,5 empleados por cada uno. Madrid sigue sin dar a conocer el dato de afectados, pero no pueden estar muy lejos de estas dos, por el tamaño de su economía y por el impacto de la crisis sanitaria, ya que es el epicentro de la epidemia. De momento lo que se sabe es que se han presentado 15.000 expedientes, según anunció el martes el consejero de Economía y Empleo. Lo mismo hace Murcia. Y Aragón solo actualiza su cifra semanalmente: la del viernes pasado revelaba que había 3.307 trabajadores afectados. Tampoco estarían los números de Canarias y Baleares. Fuentes no oficiales de esta última estimaban que ahora habrá algo más de 30.000 trabajadores afectados.

Sí que llevan al día los datos otras Administraciones como el Ministerio de Trabajo, que tramita expedientes para 140.000 asalariados, la Comunidad Valenciana, 120.066, y Castilla y León, 101.765.

La expresión de varios responsables autonómicos contactados es que están “desbordados” con la avalancha. Tratan de responder rápido. Los plazos que marca el decreto que aprobó el Gobierno la semana pasada para agilizar la tramitación de los ERTE causados por el coronavirus son cinco días. El departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña es uno de los que está más desbordado. En poco más de una semana, ha recibido 41.555 expedientes, la cifra más alta entre todas las comunidades. “Esta información se publica normalmente una vez al mes y se revisa con tiempo. Ahora la estamos actualizando cada día, y tenemos solo cinco días para certificar que los ERTE están bien presentados, si no es silencio administrativo y sale adelante”, explica un portavoz del departamento.

El estrés al que está sometido el sistema de revisión hace que en Cataluña no se difundan todavía los datos de cuántos expedientes se han presentado por causa de fuerza mayor, o cuántos están siendo desestimados. En Asturias, donde el volumen es mucho menor, sí ofrecen datos más desglosados, aunque la avalancha de ERTE también les ha desbordado: “Tenemos que revisarlos todos muy rápido, y nos encontramos algunos duplicados o algunos, muy pocos, alegan causa de fuerza mayor y no encaja”, explican en la consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica.

Cuando escucha las cifras, no se sorprende. Recuerda que el Gobierno maneja una previsión de unos dos millones de trabajadores afectados. “Hasta ahora se han producido ERTE en empresas más pequeñas y de sector servicios”, apunta Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO. De sus palabras se desprende que muchas de las empresas que han acaparado los titulares hasta ahora (Iberia, Renault, Seat, Volkswagen, Burger King, Tendam), son más bien la excepción.

“En los primeros listados de empresas que veíamos, pocas superaban los 100. Ahora va creciendo el tamaño”. Confirman estas palabras el anuncio de ayer de El Corte Inglés, de que va a presentar un ERTE para 22.000 empleados o los planes de Inditex de llevarlo adelante si la situación se prolonga más allá del 15 de abril.

Lo que reclama esta sindicalista vasca es que la Administración extreme el cuidado para que no haya abusos. Denuncia que su organización observa que hay sectores como las dedicadas a subcontrataciones públicas, que no podrían acogerse a la suspensión de empleo por causa de “fuerza mayor”. Por eso pide a las administraciones estatal y autonómicas que extremen la vigilancia.

“Llama mucho la atención el incremento tan exponencial. Lo que no puede ser es que todas las empresas se aprovechen para beneficiarse de las medidas de los ERTE por fuerza mayor”, avisa Cristina Torre, secretaria de Acción Sindical de CCOO en Cataluña. El sindicato pide al Govern que sea “estricto” en la revisión, y sugiere que muchas empresas “podrían adaptar su actividad a producir elementos que se necesitan ahora, sin necesidad de suspender el empleo de sus trabajadores”. Lo mismo recuerda UGT, que señala que la Generalitat catalana, blindó los puestos de trabajo de las empresas que tienen contratos públicos suspendidos. “La suspensión de los contratos no se puede considerar un motivo para la aplicación de expedientes”, señala.

La vicesecretaria general de este sindicato, Cristina Antoñanzas, también reclama que no se abuse de la “fuerza mayor” como causa de despido. Y llama la atención sobre despido que han detectado sobre trabajadores temporales, que es más difícil que acumulen el tiempo cotizado necesario para acceder a las ayudas.

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